Historia del Arancel

1. Periodo antiguo. La aplicación de algún sistema de derechos arancelarios es tan antigua como la civilización: aparece ya establecido entre egipcios, hindúes y fenicios.
   
   Los derechos arancelarios fueron frecuentes entre las ciudades-estado griegas, particularmente en Atenas, y gravaban tanto las importaciones como las exportaciones a un tanto medio que parece haber sido del 2 % sobre toda mercancía, aunque el impacto de las guerras producía sensibles aumentos en esta exacción.
   
   En Roma el arancel tuvo suerte varia: abolido por el Consulado, restaurado por Emilio Lépido, suprimido por Pompeyo, fue restablecido definitivamente por César, con carácter fundamentalmente fiscal; por ello tenían tanta importancia los derechos sobre las exportaciones como los gravámenes sobre las importaciones. El tipo medio de gravamen llegó a alcanzar el 12,5 % bajo los últimos emperadores.
   
   En las aduanas que Roma tenía establecidas en España fueron tales los abusos cometidos por los cuestores que el arancel quedó en suspenso hasta los tiempos de Augusto.
   
   

   Edad Media

   
   
   El inconexo sistema aduanero de carácter fiscal creado por los godos en España fue perfeccionado por los árabes, que crearon una organización muy completa en los territorios sometidos.
   
   Los tipos de gravamen oscilaban entre el 10 y el 15 % y su misión fundamental seguía siendo la de proporcionar ingresos al Fisco. La guerra de Reconquista, que obligaba a los reyes cristianos a cuantiosos desembolsos, les forzó a recaudar dinero de todas las formas posibles y, desde luego, a mantener donde las encontraban las aduanas creadas por los árabes.
   
   Fernando III el Santo, al tomar Sevilla, ordenó redactar unas tablas de mercancías y valores que sirvieran de base para fijar los derechos aduaneros; así surgió lo que puede considerarse primer arancel genuinamente español (1248).
   
   A medida que se completaba la Reconquista fueron surgiendo las tendencias mercantilistas, que, débiles al principio, culminarían en el proteccionismo de los siglos xvii y xviii.
   
   Sus primeras manifestaciones fueron, al igual que en otros países, el Acta de Navegación promulgada por los Reyes Católicos y la elevación de los gravámenes, que oscilaban entre el 5 y el 50 % ad valorem. A comienzos del siglo xvi, la unificación de los distintos reinos hizo desaparecer las aduanas interiores.
   
   En el resto de Europa, aprovechándose de las turbulentas y descentralizadas condiciones políticas que prevalecieron durante la Edad Media, los señores feudales y las ciudades-estado apelaron con frecuencia a los derechos aduaneros de carácter fiscal, para cuya exacción establecieron aduanas y barreras arancelarias en los límites de sus posesiones.
   
   El gravoso carácter de estas contribuciones constituyó uno de los principales factores del estrecho provincialismo característico de la Europa occidental durante los largos siglos que siguieron al derrumbamiento del Imperio Romano.
   
   A medida que el Feudalismo cedía terreno ante el creciente poderío de los monarcas y de los nuevos estados nacionales, fueron desapareciendo las barreras arancelarias, pero las tarifas lograron mantenerse, pues los monarcas asumieron todos los derechos de los señores.
   
   El primer arancel inglés conocido data del siglo x, en que Etelredo estableció derechos sobre las mercancías y las naves.
   
   En el reinado de Eduardo I (1272-1307) fueron reconocidos ciertos derechos hereditarios de la Corona y el Parlamento autorizó el establecimiento de un gravamen regular sobre la lana exportada; también fueron impuestas ciertas cargas especiales de carácter más bien protector sobre las mercancías extranjeras.
   
   Se hizo costumbre que el cuerpo parlamentario autorizara al monarca a establecer derechos arancelarios durante periodos determinados y para fines específicos, especialmente la defensa del reino y la protección de la navegación de altura. Carlos I (1625-49) canceló esta facultad parlamentaria al establecer impuestos sin la debida autorización; éste fue uno de los agravios citados en la «Petición de Derechos» (1628), en la que el Parlamento solicitaba del monarca que no estableciera sin su autorización derechos arancelarios.
   
   La Restauración, sin embargo, concedió a Garlos II autoridad para establecer impuestos aduaneros; al subir Guillermo y María al trono (1689), esta concesión revistió carácter de perpetuidad; los ingresos debían aplicarse al pago de la deuda nacional.
   
   La tarifa y sistema de ingresos del Gobierno británico se fueron complicando indebidamente hasta fines del siglo s. xiii a causa de la costumbre de asignar los ingresos procedentes de cada impuesto determinado a un fin específico.
   
   La expansión del imperio y el desarrollo del comercio exterior tornaron el sistema tan complejo y gravoso que hubo de ser suprimido bajo el gobierno de Pitt por la Ley de Consolidación de Derechos Arancelarios (1787).
   
   También en la Europa continental aumentó el poder centralizado durante el final de la Edad Media y principios de la Moderna; los resultados en la aplicación de las tarifas fueron similares, aunque el poder del soberano para levantar impuestos nunca estuvo sometido a la aprobación de la autoridad legislativa, como ocurría en Inglaterra.
   
   Los derechos arancelarios fueron nacionalizándose gradualmente, sobre todo en Francia. Sin embargo, a pesar del auge del nacionalismo, los gravámenes internos se mantuvieron en Francia bajo la forma del octroi e incluso persistieron hasta el siglo xx en París y otros municipios franceses.
   
   En Alemania e Italia, donde el sentimiento nacionalista fue más remiso en manifestarse, los derechos arancelarios locales y provinciales se mantuvieron hasta el siglo xix; Rusia, China, México y Honduras conservaron sus tarifas internas hasta 1930.
   
   

   Nacionalismo y proteccionismo

   
   
   Con el auge del Nacionalismo y el Mercantilismo en la Europa de finales de la Edad Media y principios de la Moderna, las tarifas empezaron a ser destinadas a fines distintos de los meramente fiscales. Una vez reconocidas las raíces económicas del poder nacional, el movimiento proteccionista empezó a manifestarse en forma de tendencia a utilizar prohibiciones a la importación en lugar de derechos arancelarios para salvaguardar la economía doméstica.
   
   Pero fue tal el incremento que tomó el Contrabando bajo las nuevas disposiciones que durante los últimos años del siglo xviii y primeros del xix fueron abolidas gradualmente las prohibiciones absolutas a la importación y se volvió al sistema de derechos protectores, tal como se había conocido en los siglos xvi y xvii.
   
   De todos modos no han desaparecido totalmente las prohibiciones absolutas, pues todavía se utilizan por el poder policial para proteger la moral, salud y bienestar de los ciudadanos.
   
   La intensificación del sentido nacionalista a raíz de la I Guerra Mundial ha impulsado el empleo de prohibiciones a la importación con fines puramente económicos y nacionales.
   
   El sistema mercantilista, que aspiraba a limitar la salida de las riquezas en forma de metales preciosos, originó el empleo de las tarifas protectoras como arma política e instrumento de fuerza económica.
   
   No sólo fueron utilizadas éstas para proteger la industria doméstica contra la competencia extranjera y mantener una Balanza de comercio favorable (expresada únicamente en términos de entradas y salidas de metales preciosos), sino que sirvieron también para castigar a otros estados, ya fuera en forma de derechos diferenciales o de prohibiciones a la importación.
   
   Inglaterra, a través de sus Actas de Navegación (que empezaron a promulgarse en 1651) y de Comercio, y Francia, con anterioridad a la Revolución, recurrieron á los derechos protectores y a las prohibiciones como medio de reforzar su potencia económica
   
   Es frecuente que en el articulado o en los anexos a los tratados de paz aparezcan acuerdos sobre la cuestión arancelaria: reducción de tarifas, abolición de restricciones al comercio o trato de «nación más favorecida».
   
   Las tarifas pueden servir también de lazo para estrechar relaciones entre países amigos o entre las colonias y la metrópoli.
   
   Buen ejemplo nos lo proporciona el Tratado de Methuen (1703) entre Inglaterra y Portugal, por el que aquélla se comprometía a admitir los vinos de pasto portugueses con un gravamen inferior en un tercio al establecido para el vino ligero francés a cambio de comprometerse Portugal a adquirir toda su lana en Inglaterra.
   
   A lo largo de los siglos xvii y xviii las tarifas desempeñaron un importante papel en la lucha por el equilibrio de poderes entablada entre las principales potencias europeas: Inglaterra, Francia, Holanda y España.
   
   

   Movimiento inglés hacia el librecambio

   
   
   A medida que perdían valor las teorías mercantilistas y se incrementaba la potencia de la industria inglesa, la economía dio un viraje hacia el librecambio. Se llegó a la conclusión cada vez más firme de que la riqueza y fuerza de una nación residían no en la cantidad de metales preciosos, sino más bien en la extensión de las actividades económicas.
   
   Los primeros economistas, especialmente Adam Smith, abogaron por la reducción de las barreras arancelarias y de las restricciones comerciales en atención a las ventajas que reportaría la espe-cialización y liberalización del comercio internacional.
   
   Aunque el movimiento no fue plenamente adoptado hasta el siglo xix, ya en 1786 concluyó Inglaterra un tratado con Francia para la eliminación de restricciones, tratado que representaba un primer paso hacia el librecambio entre ambos países.
   
   El convenio apenas tuvo resultados prácticos, pues quedó abolido no bien se iniciaron las campañas napoleónicas, pero marcó la pauta al librecambio británico.
   
   En 1791 la Asamblea Constituyente francesa promulgó una tarifa liberal, que quedaría sin efecto al estallar la guerra un año más tarde. Durante las Guerras Napoleónicas (1799-1815) las gravosas tarifas protectoras, generales por aquel entonces en toda Europa, no fueron aliviadas en modo alguno porque los beligerantes, además de precisar dinero para sus campañas, utilizaron los derechos arancelarios como parte de su política de guerra.
   
   Al terminar el conflicto, Inglaterra seguía gravando con pesadas cargas las materias primas, la mayoría de los artículos de consumo general y especialmente los productos alimenticios.
   
   Pero en 1815 la Revolución industrial y el naciente sistema fabril convencieron a la nación de la conveniencia e incluso de la necesidad de aligerar la carga que suponían las restricciones comerciales.
   
   El primer paso, y el más decisivo, fue dado en 1824 por William Huskisson, presidente de la Cámara de Comercio, que aspiraba no al librecambio, sino a eliminar las gravosas trabas impuestas al comercio.
   
   Durante el año citado y el siguiente, el complicado sistema arancelario inglés fue simplificado mediante la reducción de derechos y la fusión en 11 leyes de más de 450 decretos referentes al comercio y a las cargas aduaneras.
   
   Algunos cambios realizados entre 1830 y 1840 en el sistema protector acentuaron esta orientación hacia el librecambio, pero el hecho más significativo del periodo fue el movimiento abolicionista de las Leyes del trigo.
   
   Estas disposiciones, que databan de 1660, tendían a proteger la agricultura nacional contra las importaciones extranjeras garantizando un precio mínimo independiente de las variaciones del mercado mundial.
   
   Se había establecido una escala progresiva que variaba en razón inversa al precio en el mercado del producto: si aumentaban los precios domésticos, se aplicaban los tipos inferiores. Aunque el sistema protegía eficazmente a la clase agrícola, no estaba preparado para adaptarse a los cambios económicos y sociales que sufrió la estructura de la sociedad británica desde mediados del siglo xviii. El extraordinario aumento demográfico y la rápida expansión fabril transformaron a Gran Bretaña en un país importador de alimentos.
   
   El sistema de las Leyes del Trigo empezó a resquebrajarse finalmente en 1842 cuando Sir Robert Peel cambió la escala progresiva por un tipo fijo.
   
   Cuatro años más tarde, una cosecha desastrosa y el hambre que azotó a Irlanda obligaron al Gobierno a abolir casi totalmente los impuestos sobre cereales. En 1842 y 1846 fueron reducidos los gravámenes sobre otros productos.
   
   En 1860 fue derogado el último derecho protector (quedaron vigentes impuestos sobre unos 50 artículos a fines fiscales) y Gran Bretaña entró en un largo periodo de comercio sin restricciones.
   
   

   Otros países

   
   
   Mientras Inglaterra adoptaba el movimiento librecambista, los países europeos se aferraban cada vez más a su proteccionismo. La depresión que hubo de atravesar Francia al concluir las guerras napoleónicas provocó una fuerte corriente proteccionista para asegurar a la industria nacional el mercado doméstico.
   
   En todo el Continente predominaron las fuerzas proteccionistas entre 1800 y 1860. En España, el proyecto de reforma de 1854 y el Arancel de 1862, promulgados por Isabel II, tuvieron cierto carácter librecambista, al igual que el Arancel de 1869, redactado durante la primera República, pero, sofocados pronto estos fugaces brotes, el país volvió a su decidido proteccionismo, más acendrado que nunca.
   
   Prusia fue el único país continental que mostró cierta tendencia a levantar las barreras arancelarias. En 1818 adoptó una tarifa razonablemente baja que prácticamente eximía de impuestos a las materias primas y establecía unos derechos del 10 % ad valorem para los productos manufacturados.
   
   Esta ley fue la base de la Unión Aduanera Alemana, el Zollverein, formado por Prusia y otros estados menores. En 1853 Austria se adhirió al Zollverein a fin de promover la libertad de comercio entre todos los estados alemanes.
   
   

   Norteamérica

   
   
   En general, la legislación arancelaria norteamericana corrió parejas con la europea. La pujante influencia liberal de Gran Bretaña y Francia a fines del siglo xviii se puso de manifiesto en las moderadas tarifas del arancel de 1789.
   
   Aunque los derechos arancelarios experimentaron posteriores revisiones, su carácter eminentemente fiscal predominó hasta la Guerra de 1812. Con la paz sobrevino un notable cambio: el capital norteamericano que había comenzado a desplazarse del comercio a la industria solicitó protección, especialmente contra los vigorosos intereses industriales británicos.
   
   Así se incrementaron los tipos en 1816 —todavía con carácter fiscal—, 1818 y 1824 y fue promulgado finalmente el arancel de 1828, que hizo concesiones tan exageradas al proteccionismo que fue tildado de «tarifa de las abominaciones». Sin embargo logró mantenerse hasta 1832. Un año más tarde, la oposición del Sur a los tipos elevados motivó la aparición de un arancel de compromiso, cuyos gravámenes disminuirían paulatinamente hasta llegar a ser inferiores al 20 % en 1842.
   
   Pero este mismo año volvieron a elevarse las tarifas hasta alcanzar un valor medio de 33 %. En 1845 las fuerzas librecambistas del Sur recuperaron algunas posiciones, especialmente en el arancel de 1846, moderado y puramente ad valor em.
   
   En 1857 volvieron a incrementarse los tipos hasta un promedio de 24 %. Así fue como en 1860 Gran Bretaña era el único país librecambista, pues el espíritu del proteccionismo, si bien moderado, seguía imperando en Europa occidental y Estados Unidos.
   
   

   Culminación del movimiento librecambista

   
   
   Durante los 10 años siguientes el librecambio pareció imponerse en la conciencia económica de la Europa occidental. La lógica aplastante de sus argumentos y la creciente prosperidad del comercio e industria británicos convencieron de su firmeza a muchos liberales del Continente, cuya posición se vio apoyada por los intereses mercantiles y manufactureros que ya se encontraban en condiciones de competir eficazmente con Gran Bretaña en los mercados mundiales.
   
   Cuando Napoleón III abandonó el proteccionismo ante la conveniencia e incluso la necesidad de evitar la oposición británica a su política expansionista en Niza y Saboya, el librecambismo francés recibió el apoyo político que precisaba.
   
   Por el Tratado de Cob-den-Chevalier (1860) Francia se comprometía a reducir sus derechos arancelarios a un 30 % inmediatamente y a un 25 % en un plazo de cinco años. Gran Bretaña firmó tratados similares con el Zollverein, Suecia, Noruega, Bélgica, Suiza, Austria, Italia, España y Portugal.
   
   Además, tales tratados contenían la cláusula de nación más favorecida en tal forma que todos los signatarios se beneficiaban automáticamente de los tipos más bajos que pudieran concederse a cualquier país. Entre 1860 y 1870 Gran Bretaña concluyó también con Bélgica, Italia, el Zollverein, Austria y Turquía otros tratados que abrieron el camino a nuevas reducciones.
   
   Incluso Rusia, después de practicar durante largos años una política de proteccionismo a ultranza, redujo algunas de sus tarifas, aunque rehusó intervenir en los tratados comerciales. Sólo los Estados Unidos se mantuvieron fuera de la corriente librecambista al mantener tipos muy elevados para atender al financiamiento de la Guerra de Secesión.
   
   Durante la década 1860-70 fueron tan bajos los derechos arancelarios en toda Europa que los librecambistas suelen calificar dicho periodo de «el milenio».
   
   De todos modos, aunque Gran Bretaña, Turquía, los Países Bajos y Dinamarca eran países prácticamente librecambistas, los impuestos en el resto del Continente se mantuvieron lo suficientemente altos como para interferir, siquiera ligeramente, el comercio. Por otra parte el periodo fue efímero.
   
   

   La vuelta al proteccionismo

   
   
   Los intereses proteccionistas, que mantenían una incesante oposición a los tipos bajos, se vieron apoyados por los acontecimientos políticos.
   
   Francia, dolida por su derrota a manos de Prusia en 1870-71, fue impulsada por un sentimiento patriótico a reforzar su Economía. Tres fueron los principales factores que se opusieron al librecambio:
   
   1) el fuerte sentimiento nacionalista que invadió Europa;
   
   2) la reacción contra la depresión de 1873;
   
   3) la aparición de una poderosa competencia para los mercados agrícolas mundiales, originada por el perfeccionamiento de los transportes y la rápida expansión de la producción agrícola norteamericana y australiana, que obligó a granjeros e industriales a unirse en defensa de sus mercados domésticos y dio origen a una nueva ola de proteccionismo en todo el mundo, salvo Gran Bretaña y algunas de sus dependencias.
   
   En 1878 Austria-Hungría e Italia elevaron sus tarifas y un año más tarde adoptó la misma medida Alemania. En 1881 Francia practicó una revisión general de su arancel y remplazó los antiguos gravámenes ad valo-rem por derechos específicos.
   
   Entre 1880 y 1890 la mayoría de los países europeos elevaron sus tarifas, incluso Rusia, donde los ya elevados derechos arancelarios fueron incrementados en 1877 y 1892.
   
   En esta fecha Francia contaba con un arancel decididamente proteccionista, que gravaba fuertemente los artículos agrícolas, las materias primas y los productos manufacturados y de forma algo más moderada la seda, lino y cáñamo, si bien es cierto que el sistema utilizado, con una columna de derechos generales y otra de impuestos mínimos, permitía al gobierno negociar con otros países y ofrecerles las condiciones mínimas a cambio de un trato de favor para las mercancías francesas.
   
   Los tipos mínimos superaban, sin embargo, a los derechos antiguos y no se hacía ninguna concesión sobre los productos agrícolas. La única excepción a esta regla proteccionista fue Alemania, que en los tratados celebrados en 1891 con Austria, Italia, Bélgica, Suiza y Rusia moderó los gravámenes sobre los productos agrícolas, aunque sólo para volver en 1902 a su proteccionismo agrario.
   
   Los Estados Unidos mantuvieron tras la Guerra de Secesión los elevados tipos adoptados durante la contienda y pasaron a ser uno de los principales proteccionistas del mundo. Las leves reducciones concedidas en 1870 y 1872 fueron pronto absorbidas (1875) como consecuencia del pánico de 1873. La revisión general del arancel (1883) sirvió más para organizar el sistema que para moderar la tendencia protectora.
   
   Los repetidos ataques de Grover Cleveland al proteccionismo (mensaje anual de 1887, campaña electoral de 1888) apenas dieron resultado. La ley McKinley (1890) elevó los tipos, que sólo fueron rebajados tímidamente por el Wilson Bill de 1894 para volver a la posición anterior con la Ley Dingley de 1897.
   
   

   El siglo XX

   
   
   El siglo xx se inició, pues, en un ambiente decididamente proteccionista, política que se mantuvo sin variaciones apreciables hasta el estallido de la X Guerra Mundial. En 1902 los agricultores alemanes lograron la tutela concedida por el Estado a la industria; tres años más tarde las tarifas alemanas experimentaron un nuevo aumento.
   
   En 1906 Austria-Hungría y España elevaron sus tipos; en 1910 Francia practicó una revisión general de tendencia alcista que protegía especialmente los productos manufacturados. Sólo Turquía, Finlandia, Dinamarca, Holanda y Gran Bretaña permanecieron fieles a sus consignas librecambistas; Turquía carecía de industria que proteger, mientras Dinamarca, Finlandia y Holanda se habían orientado hacia una economía de exportación.
   
   Inglaterra, reducto del librecambio, seguía manteniendo una ventajosa posición económica, pero ya registraba oscilaciones hacia el proteccionismo. Sus dominios, siguiendo la pauta marcada por Canadá en 1897, adoptaron un sistema de «preferencia imperial», mientras Joseph Chamberlain encabezaba en el Reino Unido un fuerte movimiento pro adopción de la reciprocidad.
   
   En Estados Unidos el Underwood-Simmons Bill de 1913 mostraba una fuerte tendencia librecambista, pero antes de que se hicieran sentir sus efectos estalló la I Guerra Mundial.
   
   

   Efectos del sistema proteccionista

   
   
   No resulta fácil analizar los efectos del proteccionismo imperante a fines del siglo xix y comienzos del xx, pues fueron tantos los factores que influyeron en el devenir económico que resulta arriesgado aislar uno de ellos y calibrar su importancia.
   
   Los factores políticos son además tan dignos de tenerse en cuenta como los económicos. Si la autarquía nacional dentro de un territorio determinado con unos recursos específicos es el fin último de los esfuerzos políticos, el proteccionismo parece ser el sistema adecuado. Por otra parte, resulta evidente que la aplicación del proteccionismo desencadena una serie de «guerras de tarifas» que en nada benefician a los participantes.
   
   Francia e Italia se enzarzaron en un conflicto de esta clase entre 1888 y 1889 y lo mismo ocurrió entre Alemania y Rusia, Alemania y Canadá, Francia y Suiza.
   
   Por añadidura, resulta claro que el sistema protector favorece el establecimiento de monopolios; desde el punto de vista del consumidor resulta incuestionable que el proteccionismo eleva los precios. Así, pues, los aspectos nacionalista e individualista del proteccionismo carecen de sentido ante la creciente interdependencia de un mundo sobre el que forman densísima trama los modernos sistemas de transporte y comunicación.
   
   

   Historia del arancel con posterioridad A LA I GUERRA MUNDIAL

   
   
   Efectos de la I Guerra Mundial. La necesidad de ingresos motivada por la contienda obligó a Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros países a elevar considerablemente sus derechos arancelarios. Muchas tarifas fueron revisadas a fin de facilitar el control del comercio que exigía la eficaz prosecución de la guerra. Gran Bretaña estableció fuertes cargas sobre los artículos de lujo tanto para ahorrar espacio de transporte como para procurarse ingresos.
   
   La I Guerra Mundial afectó profundamente a las economías nacionales y a la internacional. En el interior pudo observarse que las relaciones entre la industria y la agricultura habían sido profundamente alteradas, especialmente en los países europeos.
   
   Las exigencias bélicas obligaron a crear nuevas industrias y a ampliar las antiguas. Como la producción agrícola europea resultara totalmente inadecuada para satisfacer las primeras necesidades, se estimuló el rendimiento de otras zonas agrícolas, especialmente en Australia y ambas Américas. Las perturbaciones monetarias y las alteraciones provocadas en la situación crediticia internacional dificultaron extraordinariamente en la posguerra el restablecimiento de los antiguos lazos comerciales, destruidos por los reajustes en la demanda. A estos factores se unió un vigoroso movimiento autárquico.
   
   Las múltiples exigencias de la guerra moderna acentuaron los abundantes puntos débiles en las economías internas de los países industriales; al firmarse la paz fueron muchas las naciones que se dedicaron a corregir tales deficiencias, por ejemplo, estimulando las industrias clave.
   
   En la mayoría de los nuevos estados creados por los tratados de paz tales tendencias fueron alentadas por un poderoso sentido nacionalista, expresado en forma de aspiraciones de independencia económica. En tal situación no es de extrañar que el movimiento proteccionista alcanzara proporciones más vastas y profundas que en cualquier época anterior.
   
   

   Periodo entre ambas guerras

   
   
   Entre 1919 y 1939, atendiendo a la intensidad con que fueron aplicadas las teorías proteccionistas, pueden distinguirse dos subperiodos. El primero abarca desde el término de la contienda hasta los primeros años de la década 1930-40.
   
   Durante él aumentaron las tarifas, en parte por el deseo de proteger los mercados nacionales contra la competencia de los países poseedores de moneda más barata, pero los tipos no llegaron a ser prohibitivos.
   
   En realidad existió un movimiento tendente a reducir los gravámenes mediante la negociación de tratados con la cláusula de nación más favorecida y la celebración de conferencias internacionales patrocinadas por la Sociedad de Naciones. Pero, a partir del pánico de 1929, el aumento de las tarifas se combinó con la aplicación de otras medidas reguladoras: cupos, controles de cambio, bloques mercantiles internacionales, que a fines de dicha década habían conseguido ahogar casi totalmente el comercio internacional.
   
   Es notable que fuera precisamente este periodo el escogido por los Estados Unidos, país proteccionista por excelencia entre 1865 y 1930, para ponerse al frente de la campaña contra las barreras arancelarias mediante el programa de comercio recíproco de su Secretario de Estado, Gordell Hull.
   
   

   Gran Bretaña

   
   
   En los primeros años de la posguerra, la situación creada por la contienda y la experiencia de muchos de sus dominios con tarifas preferenciales abrieron por fin brecha en la tradicional política librecambista inglesa. Los gravámenes impuestos durante el conflicto a los artículos de lujo fueron reducidos, pero no suprimidos. En 1922 la Ley para la Salvaguarda de las Industrias estableció una carga del 33 1/3 % sobre un pequeño grupo de «productos clave» para defender las industrias esenciales. Se dio preferencia a los productores coloniales, pero, aunque las leyes tuvieron un radio de acción limitado, implicaron siempre una desviación del librecambio.
   
   El gobierno laborista de MacDonald intentó en 1924 restablecer el comercio sin restricciones, pero, cuando los conservadores reasumieron el poder, restauraron los tipos antiguos y las preferencias imperiales. No obstante, en 1930, la mayor parte de las importaciones realizadas por el Reino Unido estuvieron exentas de imposición.
   
   

   Países continentales

   
   
   En 1919 Francia adoptó «coeficientes» arancelarios que le permitían elevar los derechos de la preguerra para cubrir la devaluación del franco; en 1921, una nueva ley amplió la distancia entre los tipos máximos y mínimos.
   
   El sistema de «coeficientes» fue adoptado por toda Europa. En 1921 y 1922 Italia realizó en sus derechos arancelarios diversos incrementos que afectaban principalmente a los países con los que no tenía acuerdo de nación más favorecida. Alemania comenzó realizando ciertas concesiones arancelarias, pero la ley de derechos arancelarios aprobada en 1925 situó sus tarifas a un nivel superior al de la preguerra; posteriormente reanudó su vigorosa política de protección agrícola que motivaría la denuncia de algunos de sus tratados aduaneros y la adopción de medidas de control comercial.
   
   Como también los países menos desarrollados adoptaron medidas proteccionistas para promover su expansión industrial, prácticamente todas las naciones del mundo quedaron cogidas en las redes de este sistema restrictivo.
   
   

   Norteamérica

   
   
   Cuando los republicanos ascendieron al poder en 1921 promulgaron una ley arancelaria de emergencia que establecía importantes derechos sobre diversos importantes productos agrícolas para ayudar a los campesinos, afectados a la sazón por una grave depresión económica. Esta tendencia persistió con la Ley Fordney-McCumber (1922) y la «cláusula flexible» que permitía al presidente alterar los tipos hasta en un 50 % y culminó en la Ley Hawley-Smoot (1930), en la que se conjugaron intereses de toda clase para establecer derechos arancelarios superiores incluso a los de 1922.
   
   
   

   Efectos de la Ley Hawley-Smoot

   
   
   Las disposiciones norteamericanas repercutieron de tal forma en todo el mundo que el comercio quedó casi paralizado hacia el 1935. Incluso los estados tradicionalmente librecambistas adoptaron medidas.restrictivas: Holanda adoptó el sistema de cupos, Dinamarca el control de cambios e Inglaterra gravó directamente (1932) con un 10 % ad valorem una amplia gama de importaciones procedentes de países extraños a la Commonwealth, al tiempo que establecía un cuidadoso sistema de preferencias imperiales con el fin de retener al comercio en el interior del Imperio Británico. Este intento de crear un «bloque comercial» británico produjo un efecto particularmente restrictivo sobre la adquisición de monedas de terceros países.
   
   Otros países adoptaron medidas proteccionistas y procedimientos de control aún más rígidos. Italia aumentó sus tipos en un 15 %.
   
   La Alemania de Hitler recurrió a los cupos de importación y a un rígido control de cambios extranjeros. Francia, aparte de sus elevados derechos arancelarios, aplicó sistemas de monopolios, licencias y cupos de importación.
   
   Hacia 1940, una vez superados los bajos niveles de la depresión, la recuperación del comercio internacional se vio retrasada por estas restricciones, que obligaron a negociar numerosos acuerdos de trueque y compensación sobre bases bilaterales y estimularon la formación de bloques comerciales mediante el empleo de preferencias imperiales o coloniales, manipulaciones monetarias o presiones políticas.
   
   El programa de comercio recíproco de los Estados Unidos fue una de las escasas tendencias contrarias a las restricciones del comercio universal.
   
   Tratábase de un intento de reforma arancelaria total, iniciado por la Ley Dingley de 1897, que autorizaba al presidente a negociar tratados comerciales con el extranjero, y reforzado por la política del Secretario de Estado, Cordell Hull, que culminó en la Ley de Comercio Recíproco de 1934: el presidente podía realizar negociaciones con el extranjero y reducir los derechos hasta un 50 %. La situación se mantuvo hasta 1950, en que el Congreso actuó para invertir el movimiento descendente de las tarifas durante los 16 últimos años.
   
   

   Segunda posguerra

   
   
   Durante este periodo todos los sistemas arancelarios del mundo experimentaron cambios significativos. Apenas terminada la guerra, los Estados Unidos intentaron patrocinar una Orga-ganización de Comercio Internacional dependiente de las Naciones Unidas.
   
   La carta fundacional de esta Organización, presentada por el citado país en 1946, sirvió de base a las discusiones del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo que se reunió en Londres en octubre y noviembre de 1946.
   
   La propuesta norteamericana preveía una organización destinada a considerar los procedimientos y medios que permitirían combatir las barreras arancelarias impuestas por las tarifas, cupos, controles de cambios, subsidios y comercio oficial.
   
   En la primavera de 1947 se celebraron en Ginebra nuevas reuniones del Comité Preparatorio en las que varios de los países representados (con ausencia de Rusia) realizaron negociaciones encaminadas a la reducción recíproca de tarifas, así como a la discusión del texto de la carta. También se convino que los países no representados en la reunión podrían adherirse al proceso de negociaciones recíprocas.
   
   Finalmente, el 30 de octubre de 1947, se firmaron en Ginebra los Acuerdos Generales de Comercio.
   
   

   El acuerdo de Ginebra

   
   
   El Acuerdo General de las Naciones Unidas sobre Tarifas y Comercio es uno de los más completos instrumentos internacionales, tanto por el extraordinario alcance de sus disposiciones como por el volumen del comercio afectado, jamás negociados en pro de la reducción de las barreras del comercio mundial.
   
   as disposiciones del acuerdo afectan a toda clase de barreras y controles comerciales, como aranceles, preferencias, cupos, controles internos, disposiciones aduaneras, comercio oficial y subsidios.
   
   Los 23 países participantes fueron Australia, Birmania, Brasil, Canadá, Ceilán, Cuba, Checoslovaquia, Chile, China, Estados Unidos, Francia, India, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Rhodesia Meridional, Unión Aduanera del Benelux, Unión Aduanera de Líbano y Siria y Unión Sudafricana.
   
   El acuerdo consta de: 1) relación de concesiones arancelarias; y 2) disposiciones generales relativas, entre otros asuntos, a las barreras comerciales no arancelarias.
   
   Las relaciones de concesiones arancelarias afectan a productos que representan los dos tercios de las importaciones de los signatarios y casi la mitad de las importaciones totales mundiales. Entre las concesiones figuran la eliminación, reducción y estabilización de derechos arancelarios y la invariabilidad de los tratos de exención.
   
   El Acuerdo General establece, sin embargo que si por circunstancias imprevistas una determinada reducción en las tarifas produjera un aumento tan acentuado en las importaciones que llegara a amenazar seriamente a los productores nacionales, el país que otorgó la concesión podría modificarla total o parcialmente. Claro que en este caso los restantes países , interesados podrían modificar en igual medida sus concesiones equivalentes.
   
   Todo país participante está autorizado contractualmente, por derecho propio y con independencia de la cláusula de nación más favorecida, a disfrutar de cualquier concesión que figure en las relaciones de los restantes signatarios.
   
   Esta aplicación multilateral de las relaciones permite a un país obtener concesiones sobre productos que le interesen, concesiones que no le hubieran sido otorgadas por simples convenios bilaterales por no poder argüir que se trataba de uno de los principales proveedores del producto en cuestión.
   
   El acuerdo prevé asimismo la posible no aplicación de concesiones a una tarifa determinada en el caso de que el país beneficiario no cumpla los términos del convenio. Las disposiciones generales no afectan exclusivamente a los artículos relacionados, sino que cubren todo el comercio realizado entre las partes contratantes.
   
   El acuerdo fue adoptado provisionalmente el 1 de enero de 1948 por Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Unión Aduanera del Benelux. También lo adoptaron otros países una vez cumplimentadas las disposiciones constitucionales o legales.
   
   El acuerdo entró definitivamente en vigor al ser presentada al secretario general de las Naciones Unidas la conformidad de un número tal de países que representara el 85 % del comercio exterior de todos los países signatarios, según prevenía un anexo al acuerdo.
   
   

   Organización de Comercio Internacional (I.T.O.)

   
   
   Una conferencia celebrada en La Habana en 1948 redactó la carta fundacional, que fue aprobada por delegados de 56 naciones que representaban el 90 % del comercio mundial. También se estableció en La Habana la Comisión Interina de la I.T.O., que supliría a la Organización hasta su establecimiento formal cuando se alcanzara el número de adhesiones previsto.
   
   La ratificación, sin embargo, siguió un proceso lento, pues la mayoría de los países esperaban la aceptación de la carta por los Estados Unidos. Pero el Congreso rehusó conceder su aprobación y en 1951 el Departamento de Estado norteamericano reconoció que la ratificación por parte de los Estados Unidos resultaba inapropiada en aquel momento, lo que supuso la suspensión temporal de las actividades de la I.T.O.
   
   En 1949 se reunieron 35 naciones (miembros del Acuerdo de Ginebra) en Annecy (Francia), y concluyeron un total de 133 acuerdos arancelarios entre los países participantes. Un incidente de la conferencia fue la retirada de la delegación cubana cuando los miembros apoyaron a Estados Unidos en una controversia sobre restricciones arancelarias norteamericanas que afectaban a las ventajas cubanas en la exportación de textiles a Estados Unidos.
   
   

   Organización para la Cooperación Comercial

   
   
   En 1951, los delegados de 39 naciones, reunidos en Torquay (Inglaterra), coincidieron en el principio de levantar las barreras comerciales y limitar los aranceles internacionales. Se concluyeron unos 140 acuerdos arancelarios bilaterales. Gran Bretaña propuso revisar totalmente el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT).
   
   En tal sentido se adoptaron normas en la conferencia celebrada en Londres por los ministros de la Commonwealth (1952), en las conversaciones comerciales entre Gran Bretaña y Estados Unidos (1953) y en la tarea de la Comisión Norteamericana sobre Política Económica Exterior, presidida por Claren ce B. Randall, que emitió informe en 1954
   
   En la novena reunión de las partes contratantes de la GATT (Ginebra, 1954-55) se llegó a un acuerdo sobre la Organización para la Cooperación Comercial como organismo permanente encargado de supervisar las normas internacionales; la «tregua de tarifas» fue ampliada hasta 1958.
   
   Para más información ver: arancel.

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