En resumen, en nuestro país, que es un Estado federal, las provincias tienen el poder de expropiar propiedades dentro de su territorio. La Corte Suprema de Justicia ha reconocido este poder a las provincias. En estos casos, son las legislaturas provinciales las encargadas de aprobar una ley que declare que la expropiación es necesaria por razones de utilidad pública y que especifique qué propiedad será afectada.
