Poder jurídico de realizar la condición precisa para que la actividad jurisdiccional actúe una pretensión que ante ella se formula. No puede darse una definición y menos un concepto precisos de lo que sea la acción procesal, toda vez que es ésta una de las materias preferidas para los distingos, sutilezas y exquisiteces dialécticas de los procesalistas.
Diremos solamente que el concepto privatístico de la acción procesal ha sido superado. La acción no es el derecho material que ampara la pretensión. En Derecho romano la acción era el mismo derecho material hecho valer en juicio frente al que lo contradecía. «Acción —decían los romanos— es el derecho a perseguir en juicio lo que se nos debe o aquello que nos pertenece.» Pero hoy la doctrina ha deslindado los campos y se ha visto que la acción y el derecho no coinciden en sus elementos personales (unos pueden ser los titulares del derecho material y otros los que ejerciten la acción) ni en su contenido (la actividad del particular en el derecho material y la del Estado en la acción) ni en sus efectos (el derecho puede ser o no ser satisfecho, la acción se satisface siempre por el órgano jurisdiccional).
Concebida la acción como un poder independiente del derecho material, se discute si es un derecho (frente al Estado según unos, frente al particular según otros) a obtener una pretensión concreta, de contenido determinado, o un derecho abstracto a una sentencia, sea cual sea el sentido de ésta.
Hoy día se tiende a abandonar ese problema de la acción como derecho abstracto o concreto de acudir a los Tribunales, relegándolo al campo del Derecho político o del Derecho civil, y se estudia en Derecho procesal el concepto de «pretensión» como una declaración de voluntad por la que se solicita una actividad jurisdiccional encaminada a satisfacer un interés jurídico.
En el sentido tradicional de la acción como ejercicio de derechos subjetivos, la distribución entre acción civil y acción penal, aun dentro del sistema acusatorio puro, era fundamental, pues realmente el derecho subjetivo a penar, de existir como tal, no lo ejercita el particular sino el Estado, que es su titular; pero, substituido el concepto de acción procesal por el de «pretensión» como simple acto y no como poder o derecho, la aproximación en el campo penal y en el civil sería mucho mayor. De todas formas, en el derecho positivo, las normas que rigen el ejercicio, desarrollo y extinción de la acción penal y la civil son fundamentalmente distintas, como distintos son los conceptos, pues en la acción penal predomina el sentido de una simple iniciativa procesal.
Actualizado: 18/11/2014
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