La teoría del estado corporativo fue adoptada empero, en forma modificada, por los regímenes dictatoriales de Italia y Alemania y fue empleada para justificar la abolición de los parlamentos y de los partidos políticos contendientes en dichos países. La estructura corporativa más completa fue establecida en la Italia fascista, cuya cámara de diputados, la Camera Corporativa, tuvo por base la corporazione, en que cada corporación representaba a patronos y empleados de una industria, profesión u oficio determinados. La cámara corporativa estaba supeditada al Gran Consejo Fascista (Gran Consiglio Fascista) y al Duce, jefe del Gobierno y del Partido Fascista, elegido teóricamente por el Gran Consejo Fascista. El poder político efectivo radicaba empero en el Duce y en el Consejo Fascista. Semejante estructura corporativa, aunque menos completa, funcionó en la Alemania nazi, donde sirvió para someter toda la vida económica y social al control absoluto del Estado.
Después de la II Guerra Mundial superviven formas corporativas, adaptadas en cada caso a las necesidades de ambos pueblos, en España y Portugal. En 1933 el jefe de estado portugués, Salazar, implantó una nueva constitución que hacía de Portugal una «república unitaria y corporativa». En 1937 el Gobierno español instituyó los «sindicatos verticales» y en 1942 dio nueva vida a las Cortes españolas, en un plano corporativo.
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