Significado de «Declaración de Derechos Humanos»

Documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 con el nombre de «Declaración Universal de los Derechos del Hombre». Está compuesto de 30 artículos. Desde la doctrina clásica del Derecho internacional, expuesta por los teólogos españoles, se encuentran antecedentes del principio por el que era posible proceder contra un Estado que negase a sus ciudadanos los derechos humanos fundamentales, idea que tuvo repercusión en la práctica internacional del siglo xix y que no fue ajena a medidas adoptadas en el xx. Concretamente, en el xix, la intervención de las grandes potencias europeas en Turquía para proteger a los súbditos cristianos del propio Estado turco, las mismas capitulaciones en los países de Oriente y, posteriormente en el siglo xx los tratados concluidos para la protección de las minorías nacionales, obligaban a los Estados a otorgar ciertos derechos fundamentales, como la protección a la vida, libertad, libre práctica de la religión a todos sus habitantes, evitando discriminaciones perjudiciales a los grupos minoritarios. La idea de una Declaración internacional se apuntaba en la Declaración de 1 de enero de 1942, en que las potencias aliadas se comprometían, una vez terminada la guerra, a procurar una protección general de los derechos humanos, pero la Carta de las Naciones Unidas no desarrolló este principio, si bien el artículo 13 facultaba a la Asamblea General para promover estudios y hacer recomendaciones para la efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales; no existe, sin embargo, un repertorio de derechos, ni el deber expreso del respeto de ellos o de alguno ni tampoco normas de procedimiento para su efectividad. La Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos, que preparó una Declaración y una Convención para su estudio y protección. La Asamblea General discutió el proyecto, que fue aprobado en la fecha indicada.

El preámbulo de la Declaración considera que los derechos humanos fundamentales están enraizados en la dignidad y valor de la persona humana, por lo que se atribuyen a todos los miembros de la familia derechos humanos iguales e inalienables, que han de ser respetados por todos los Estados para que el hombre no se vea obligado, como recurso supremo, a rebelarse contra la tiranía y la opresión. Entre los Derechos humanos que contiene su articulado se consignan la prohibición de la esclavitud, de la tortura, de penas inhumanas o degradantes, de las detenciones y exilios arbitrarios, de los efectos retroactivos de las leyes penales, de la privación de la nacionalidad, de la restricción de la libertad de movimientos, de entrada y salida, prohibición de la confiscación de bienes, así como la enunciación de las libertades de opinión, de expresión, de información, de conciencia y religión, de reunión y de asociación pacíficas. En otros preceptos se declaran derechos que implican para los Estados una actividad, unos deberes, traducidos para el individuo en derechos políticos, sociales y procesales. Entre ellos, como más significativos, indicaremos: la protección legal de los ciudadanos por medio de Tribunales independientes; el sufragio universal y la participación en los negocios públicos; derechos al salario adecuado y a la seguridad social que protejan al ciudadano del paro forzoso y de la enfermedad; derechos a la educación y a la participación en la vida cultural de la comunidad. En el artículo 28 otorga el derecho a que reine un orden social e internacional tal que los derechos y libertades contenidos en la Declaración puedan encontrar plena efectividad.

Esta Declaración universal, carente de obligatoriedad jurídica para los Estados, sólo tiene la fuerza moral que su propio contenido le atribuye. Por ello solamente es posible obtener la protección de aquellos derechos por los individuos acudiendo ante los Tribunales de su propio Estado, sin que tengan atribuida, en caso de violación o desconocimiento, acción ante un Tribunal u organismo internacional específico. Para ello sería precisa la conclusión de tratados o convenios que impusieran a los Estados el reconocimiento y garantía de esos derechos como obligación jurídicamente exigible y que se estableciese un sistema de sanciones amparadas por el Derecho internacional en caso de infracción. Pero, hasta el presente, no se ha logrado esa aspiración. Véase Derecho internacional; Naciones Unidas.